SUDAMERICA: Crítica al Informe de la “Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua”

Se cuidó muy bien el gobierno en no designar formalmente una Comisión de la Verdad. La llamó,
simplemente, “Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de
Bagua”. Su objetivo fue: "determinar las causas y consecuencias de orden
socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, que dieron origen a los
sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua, con fines de
reconciliación” (p. 3). Dice el informe: “Esta Comisión decidió tomar en cuenta
los principios de verdad, justicia y equidad para la investigación,
independencia e imparcialidad en el trabajo, y de objetividad y exhaustividad
recomendados por la mesa uno y el relator de las Naciones Unidas. Asimismo,
concordamos que el informe final debía contener, de acuerdo a las sugerencia de
la mesa uno, la narración de los hechos ocurridos, las motivaciones de los
mismos, cómo y porqué ocurrieron, las consecuencias que acarrearon y las
recomendaciones para el Estado y la
Sociedad para que los hechos no se repitan… Respaldamos la
preocupación por la justicia y la equidad social. Creemos en la verdad como un
valor supremo” (p. 86).

En alrededor de tres cuartas partes, el informe presenta “la metodología
del trabajo de la comisión, la situación de los pueblos amazónicos en el
contexto nacional y en el departamento de amazonas, el mundo awajún wampis, la
narración de los sucesos del 5 junio 2009, la cronología nacional y regional
antes de los sucesos de Bagua, la narración de los acontecimientos del 4 y 5 de
junio en la curva del diablo, estación 6, Bagua y Utcubamba, y la cronología
post acontecimientos hasta la formación de la comisión”. Consagran sólo 8
páginas a lo que llaman “análisis y esclarecimiento”, y 4 a sus recomendaciones. Como
anexos figuran en tres páginas el voto singular del Padre Álvarez y en 8, las
43 observaciones de Jesús Manasés y Carmen Gómez.

Luego de una atenta lectura del Informe, lo primero que salta a la vista
es su improvisación, descuido y falta de
reflexión. No hay en el Informe una bibliografía que dé cuenta de las fuentes
estudiadas. Los cuatro miembros que quedaban
pudieron haber decidido no entregar el informe porque la Comisión se desintegró de
hecho y no tuvo consenso alguno, lamentar lo ocurrido, y recomendar que otra
Comisión, de veras independiente, asuma
la responsabilidad en otras condiciones. Decenas de páginas sobre cronologías
varias e informaciones generales pueden ser
útiles cuando sostienen y nutren el análisis y fundan las conclusiones.
Lamentablemente, esto no ocurre en el caso del Informe que comento. Mencionaré
aquí un ejemplo para ilustrar lo que acabo de decir. En su sección sobre “el
mundo awajún wampis”, encontramos los textos siguientes:

“El jíbaro amazónico defiende la naturaleza. La tierra es la única
herencia que le va dejar a su linaje y ellos la seguirán conservando. Sabe que
no se debe vender la tierra porque la tierra no pertenece al hombre, el hombre
pertenece a la tierra. Uno de los propósitos del jíbaro es desarrollarse sin
alterar el medio ambiente. Busca un vivir de calidad, un mejor vivir, busca el
tajimat-pujut. Esa es la razón por la cual el amazónico maneja su bosque en
forma racional y rotativa, pensando en la nueva generación y en asegurar la
supervivencia de flora y fauna”. (Informe p.18).

“Con el tiempo el movimiento indígena amazónico ha encontrado su propia
voz y ya no necesita de intermediarios que hablen por ellos o le impongan una agenda”
(Inf. p. 22).

No es atrevido suponer que ambas citas corresponden a lo que el indígena
awajún Jesús Manasés contó o escribió
para la Comisión,
o que se trata de aportes de personas
que conocen muy bien el universo awajún, y que han entendido cabalmente la
novedad política de la emergencia indígena en Perú y otros países de América
Latina. Los textos figuran en el Informe
pero sus firmantes no los toman en cuenta en sus conclusiones. Si así hubiera sido, el Informe debería establecer
de modo transparente la primera responsabilidad del Sr. Alan García al imponer
decretos leyes que contradicen la
realidad vivida por los awajún. En repetidas oportunidades, los firmantes del
Informe dijeron que su Comisión no tuvo
el encargo de señalar responsabilidades ni hablar de culpables sino,
simplemente, de ofrecer recomendaciones para que los sucesos de Bagua no se
repitan, pero en abierta contradicción con esas declaraciones, responsabilizan
de lo ocurrido a los indígenas, a las Ongs, a parlamentarios del Partido
Nacionalista, a la Iglesia
de la región, al SUTEP, (p.79) y presentan a los indígenas como personas
débiles e influenciables.

Al gobierno le atribuyen “La
ausencia de un proceso de diálogo y una adecuada explicación e información a la
población indígena sobre el contenido de las normas y sus implicancias en
ausencia de un mecanismo y metodología de consulta de acuerdo al Convenio 169
de la OIT y la Convención Internacional
de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO”. (p. 78). Esta
falta de comunicación, como responsabilidad mayor es el pequeño ratón en el
parto de los montes que el Informe encierra.

En el informe no se dice en
ninguna parte quién o quiénes dieron la orden de reprimir y cuándo; tampoco se
pregunta por qué los jefes de la
Policía y el Ejército presentes en Bagua el 4 de junio
decidieron reprimir pese a que los dirigentes indígenas les informaron que al
día siguiente regresarían a sus comunidades; y, quiénes y por qué decidieron
que los policías rehenes en la
Estación de bombeo número seis de Petro Perú quedarían sin protección
mientras se producía la balacera en la
Curva del Diablo. En
el informe hay muchos testimonios de la
ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y de los generales Muguruza y
Uribe dando detalles sobre lo que ella y ellos llaman “cuestiones técnicas” y
“especializadas” del operativo policial y los pequeños problemas de
comunicación que también tuvieron entre ellos para que el destacamento del
Ejército no llegase y para que abandonasen a su suerte a los policías rehenes.

Para los firmantes del Informe los únicos responsables de lo que pasó en
Bagua serían los indígenas. Los jefes policiales y militares se limitan a
repetir que cumplieron las órdenes, sin decir qué órdenes, ni quiénes las
dieron. La señora Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior, está
convencida de que su responsabilidad fue sólo “política y no operativa” y que
su renuncia al puesto de ministra, junto con el gabinete del que formaba parte,
es su suficiente sacrificio personal. En otras palabras, que se juzgue sólo a los
indígenas y que quienes entre ellos y ellas resulten responsables vayan a la
cárcel. Esta es la leña que la
Comisión agrega al fuego histórico de la violencia en el
país, en abierta contradicción con sus buenos deseos de verdad, ética, justicia
y equidad. La pretensión de subtitular el Informe “Para que nunca más vuelva a
suceder”, tratando de copiar el original argentino, es una irresponsabilidad
más.

Resulta fatal para esta “Comisión Especial para investigar y analizar los
sucesos de Bagua” una inevitable comparación con lo fue el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
CVR, sobre la violencia política peruana en los años 1980-2000. Intentar
hacerlo, como era mi intención antes del leer aquel desvalido texto, supondría
atribuirle una categoría que no tiene. Una larguísima y múltiple cronología de
hechos y decretos oficiales, con un nivel analítico pobrísimo, una voluntad
para contar lo que el gobierno quiere oír, y unas recomendaciones que parecen
consejos de unas hermanitas de la caridad,
no valen la pena.

En mis textos “Con los rostros Pintados”: tercera rebelión amazónica en
Perú (agosto 2008-junio2009), 92 pp, que circula en Internet, e “Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: un
doloroso espejo del Perú”, publicado en mi libro “Elogio de Antropología”
(UNMSM, 2005), se encuentran otros argumentos que pueden ser útiles para
entender mejor lo ocurrido en Bagua y lo que debe ser una Comisión en serio.