(fuente: Darío Aranda, Página|12)
Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en
rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones
sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la
Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.
“El
oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso
estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86
comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a
la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de
la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el
derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral
codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y
requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual
reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos
nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la
entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”,
explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la
Organización de Naciones Unidas.
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Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies
de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por
turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de
los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se
encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en
concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados
Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por
decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso
estratégico provincial”.
El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y
finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos
turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha
solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra
vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.
La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una
región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para
el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno
de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte
Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y
Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.
Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta
previa, información y participación” que la legislación nacional ordena
en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda
que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se
encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los
recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia,
como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la
producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en
ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte.
También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone
aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la degradación del medio
ambiente”.
El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena
del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como
en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra
forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de
la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con
gobiernos”, denunciaron.
La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones
Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la
ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el
detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la
Argentina en noviembre próximo.
Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se
repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y
San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj)
denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento
del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por
parte de empresas trasnacionales.